viernes, 12 de octubre de 2007———–. “Es un deber del gobierno romper con la alarmante disparidad de recursos que destina el Estado para defender a los delincuentes, frente a la franca indefensión en la que se encuentran las víctimas de delitos”. Aseveró hoy el alcalde de Valdivia Bernardo Berger.

De esa forma, la autoridad justificó la necesidad de implementar una Defensoría Penal Ciudadana, una de las cuatro medidas propuestas por el edil hace unas semanas para poner atajo a los delincuentes y equilibrar las garantías de las víctimas frente a las de los delincuentes.

Las medidas tuvieron buena acogida, ye incluso el senador (RN) Andrés Allamand se comprometió a llevarlas al Congreso para su análisis.

Por eso hoy no fue sorpresa la llamada telefónica del senador de la misma tienda Alberto Espina para reunirse en los próximas días y presumiblemente en Valdivia, para hondar en dichas propuestas.

A juicio del edil, Valdivia puede ofrecer al país la exitosa experiencia que ha tenido el municipio con la Oficina Antidelincuencia, que podría servir como base para la articulación de la Defensoría Penal Ciudadana propuesta por Berger para garantizar los derechos de las víctimas.

Para Berger, Espina pude ser un actor clave para avanzar en la guerra contra el delito y su apoyo a Valdivia en esta materia no es desconocido. De hecho, en mayo del 2000 el senador de la centroderecha creó la Oficina de Fiscalización Contra el Delito, FICED, de la cual es su director ejecutivo.

La FIDEC tiene por objetivo realizar actividades de prevención del consumo de drogas, efectuar estudios en materia de seguridad ciudadana y asesorar a víctimas de graves delitos, entre ellos, el tráfico de drogas, robos, homicidios, lesiones y abusos sexuales.

Por eso, el edil del Calle-Calle resaltó “que este acercamiento será altamente beneficioso para la comuna por la transferencia tecnológica que podríamos recibir mediante la FIDEC, pero también es la oportunidad de aportar al país en una guerra que el gobierno parece perder en cada batalla, que es poner atajo a los delincuentes”.

SITUACION DISPAR

“Nos parece que no puede ser aceptable que mientras en Chile se destinan más de 35 mil millones de pesos para defender a los delincuentes, sólo sea una décima parte -3 mil 500 millones de pesos- lo que se orientan a la protección de las víctimas”, lamentó Berger.

Más aún, la autoridad criticó que hoy en Chile menos del 25 por ciento de las víctimas de delitos que van a parar a la Fiscalía reciben protección de ese organismo, lo que viene sino a reforzar la propuesta del municipio de crear una Defensoría Penal Ciudadana.

La propuesta a juicio del edil “precisamente hoy por hoy llena este vacío que es la inexistencia de un ente que proteja realmente a las víctimas y que las acompañe judicialmente en todo el proceso penal, que les permita perseverar ante dictámenes adversos, y que finalmente reconozca lo que como municipio hemos venido haciendo a través de nuestra unidad especializada”.