viernes, 12 de octubre de 2007———–. El alcalde de Valdivia exigió al Ministerio de Salud garantías para que el Cesfam Gil de Castro no sea “un tongo más”, luego que anoche se supiera que la empresa a cargo de los trabajos de reposición, Alcus Limitada, quebró, y dejó la obra inconclusa.

La situación, calificada por Bernardo Berger como extremadamente preocupante, viene a sumarse a la seguidilla de retrasos que presentaba su terminación, que según el contrato debió producirse en mayo de este año.

En su acostumbrada conferencia de los viernes con la prensa, el edil del Calle-Calle explicó que quien tenía a cargo exclusivamente la obra, quien seleccionó y suscribió el contrato con Alcus –cuya representante legal es Carmen Araya– y quien tenía la inspección técnica de las faenas fue siempre el Ministerio de Salud a través del Servicio provincial.

“Incluso en reiteradas oportunidades pedimos información porque nos preocupaba el excesivo retraso de la entrega, pedimos antecedentes ya que debía estar concluida en mayo, lo hicimos directamente a las autoridades de salud y también a través de la prensa, porque a cualquiera que ve que han pasado cinco meses y no hay señales de terminar, al menos se le enciende la ampolleta”.

“Anoche recibí una llanada del director del Servicio de Salud comunicándome que la empresa quebró. Obviamente es una noticia que nos golpea fuertemente y en lo personal me siento dolido, tengo molestia y frustración porque nos hemos desvivido por este proyecto pese a las dificultades que una y otra vez nos puso el ministerio para hacerlo realidad”, sostuvo.

Añadió que la última información oficial del servicio de Salud hace algunas semanas era que habían llegado a un acuerdo con la empresa y que se responsabilizaban de entregar las obras a fines de noviembre.

“Ante una situación como ésta, en lo personal estoy dolido y molesto porque significará un retraso importante de al menos seis meses más a vuelo de pájaro. El Servicio de Salud deberá rescindir el contrato, cobrar las boletas de garantías y probablemente llamar a una nueva propuesta con un monto que a todas luces será mucho más caro porque de partida hay que instalar faenas de nuevo”.

El proyecto de reposición y ampliación del Centro de Salud Familiar Gil de Castro fue elaborado por la Municipaidad de Valdivia y postulado a fondos del gobierno Regional, del ministerio de Salud y aportes municipales por 830 millones de pesos. Beneficiaría a una población cercana a las 32 mil personas. El proceso de licitación y adjudicación estuvo a cargo del Servicio de salud de Valdivia, la misma entidad responsable de conducir la inspección técnica de la obra y de las relaciones con la empresa contratista.

EXIGEN TRANSPARENCIA

El alcalde exigió al Servicio de Salud transparentar los antecedentes del caso, y acusó el excesivo hermetismo que hubo estos meses respecto a la situación que enfrentaba la empresa y los retrasos en los trabajos.

“Aquí hay varias dudas. En lo personal yo no conozco a la empresa pero me imagino que el Servicio, cuando se la adjudicó, era porque tenía antecedentes confiables de liquidez y experiencia como exige la ley; desconozco porque se dio tanto plazo, no tengo datos sobre los socios o dueños; habrá que aclarar también si hubo adelantos de pagos, por eso estamos exigiendo que se transparenten todos estos antecedentes para buscar una solución de una vez por todas a este tema”, subrayó

Berger agregó que uno de los temas que urge aclarar es si hubo o no adelantos de pago a Alcus. “En el supuesto caso que la Minsal haya, por esas cosas, dado oxigeno y adelantado pagos que no van con el avance real de las obras, esa entidad estaría en tela de juicio. Lo que sí esta claro, es que si quedaban 150 millones de pesos para terminar la obra, ahora saldrá al menos el doble de caro”, criticó.

El alcalde asoció el estado en que queda la construcción con lo sucedido en los recintos penitenciarios del país, y sostuvo que “esto parece un cuento de nunca acabar, un tongo como las cárceles con los fracasos que han existido. Yo tengo el mejor ánimo de buscar directrices que sean para defender a los víctimas de esta situación, pero que también que se aclare si hubo irregularidades y que, en definitiva, las obras se finiquiten”.